URUAPAN, MICHOACÁN — La tarde del 1 de noviembre, en medio de las festividades del Día de Muertos, la violencia política en México sumó un nuevo capítulo con el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.
El crimen conmocionó a la entidad y reavivó el debate nacional sobre la vulnerabilidad de las autoridades locales, además de elevar la cifra de alcaldes asesinados en el actual sexenio federal.
Aunque Carlos Manzo era un alcalde independiente, su muerte se inscribió en una estadística sombría. Según diversas consultoras, el número de presidentes municipales en funciones y electos asesinados desde diciembre de 2018 superó la veintena.
El fenómeno de inseguridad para el gremio político municipal pareció agravarse con el cambio de administración. En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciado el 1 de octubre de 2024, se registraron diez alcaldes asesinados en funciones.
La mayoría de los casos ocurrió en comunidades rurales y en estados con alta incidencia delictiva como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
En estas entidades, la disputa por el control municipal se consolidó como un objetivo para el crimen organizado, que buscó asegurar territorios estratégicos para sus operaciones.
El asesinato del alcalde Manzo en una fecha tan significativa como el Día de Muertos subrayó la urgencia de reevaluar las estrategias de seguridad para proteger a los funcionarios que representan la primera línea de gobierno en las comunidades más afectadas por la violencia.
